Aníbal Torres Vásquez.

REFORMA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

      La creación de una nueva República con estabilidad política y jurídica, con derechos fundamentales para todos los peruanos, requiere de una reforma profunda del Congreso de la República. Reforma que debe ser hecha por la Asamblea Constituyente, puesto que es imposible que el Congreso se reforme así mismo renunciando a sus privilegios.

      Están en lo cierto, quienes afirman que con la independencia pasamos del despotismo español al despotismo parlamentario, mucho más peligroso que el primero. El Parlamento, inspirado en Locke, quien dijo que es lógico que sea superior el órgano que crea la ley que el que se limita a ejecutarla, se cree el primer poder del Estado. Por medio de la ley, se ha adueñado de la libertad de los peruanos, consagrando un Estado de Derecho para unos cuantos privilegiados. Con frecuencia se coloca por encima de la Constitución y de toda institución, erigiéndose como un poder soberano, absoluto, atribuyéndose facultades constituyentes que nadie le ha conferido. No reconoce que la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual, por medio del sufragio, solamente le ha delegado tal poder.

      Ha utilizado arbitrariamente el poder de legislar para crear caos, anarquía, crisis política permanente, inestabilidad institucional, multiplicación sin fin de leyes contradictorias, dictadas no porque lo exige la naturaleza de las cosas sino en razón de personas privilegiadas. Los políticos del congreso crean, derogan e interpretan la ley a su antojo y los del ejecutivo las reglamentan. De esta forma, el Poder Político ha creado un Estado con derechos fundamentales para unos cuantos, privando a las mayorías nacionales de sus libertades elementales.

      Nuestro Poder Legislativo es uno de los más caros de América Latina. Su producción legislativa es masiva, de pésima calidad, caótica, irracional, injusta, sobre temas irrelevantes. Los legisladores se caracterizan por ser oportunistas, individualistas, clientelistas y transfuguistas. Sólo en el período 2003 y 2004, el Pleno del Congreso ha aprobado más de 300 leyes y la Comisión Permanente, más de 80.   En lo que va del presente período gubernamental, se han cambiado de bancada 19 congresistas.

      El Presidente del Congreso ha manifestado que la Comisión Permanente del Congreso se ha convertido en un depósito de deshechos. La ciudadanía cree que ese calificativo le atañe a todo el Congreso, cuya ilegitimidad se encuentra en galopante crecimiento.

      El problema del Congreso no es de unicameralidad o bicameralidad, sino de calidad de los congresistas para legislar y de educación del pueblo para que elija bien a sus representantes. La experiencia nacional nos demuestra que tanto el Poder Legislativo unicameral (Constituciones de 1867 y 1993) como el bicameral (Constituciones de 1823, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1920, 1933 y 1979), legislan siempre en beneficio de determinados centros de intereses particulares, perjudicando el bien común.

      Son males tradicionales del Congreso, del que fue bicameral como del ahora unicameral, el tener el monopolio de la ley, la reelección indefinida de los congresistas, su falta de calidad técnica para legislar, su incapacidad para dar respuestas legales rápidas a perentorias demandas sociales, el largo período de cinco años de duración del cargo, la no renovación y   revocación del cargo, la ausencia de causas de vacancia, la no limitación de remuneraciones, la falta de un control efectivo de la labor legislativa por órganos extraparlamentarios (partidos políticos, Tribunal Constitucional, Poder Judicial).

      La bicameralidad, cuando existió, fue escenario de continuos enfrentamientos entre la Cámara de Diputados y la de Senadores, disputándose la paternidad de las leyes, compitiendo en la censura de ministros, comercializando la ratificación de altos funcionarios (vocales supremos, ascensos militares, embajadores). Si en una Cámara se debatía alguna ley de interés general, la otra se encargaba de frustrarla en beneficio de intereses particulares.

      Con esta experiencia vivida desde los albores mismos de la República, si se opta por la bicameralidad, ha de ser con el fin de mejorar la calidad de las leyes y la actuación política de los legisladores. En tal caso, la elección de los diputados debe ser por circunscripciones territoriales y la de senadores en distrito único. El número   de diputados y senadores debe ser reducido, puesto que la calidad del trabajo legislativo en nada depende del número de ciudadanos electores. En un país empobrecido como el nuestro, una cámara de diputados con 80 y una de senadores con 50 congresistas de calidad es suficiente. La de senadores debe ser una cámara revisora, sin iniciativa legislativa, sin facultades de censurar ministros o ratificar altos dignatarios, ni de nombrar comisiones investigadoras.

      Entre las causales de vacancia del cargo de congresista deben figurar: la inasistencia injustificada a un cierto número de reuniones del Congreso, la ausencia del país sin permiso del Congreso, la aceptación de cargo o empleo público (incluido el de Ministro de Estado) o privado, aun cuando sea ad honorem , el tráfico de influencias, la contratación con el Estado, el desempeño como abogado, mandatario, procurador en procesos judiciales, la inhabilidad física o moral, la actuación en contra de la Constitución.

      La ingrata experiencia de contar ahora con un Congreso con un Presidente y varios vicepresidentes, con el consiguiente gasto superfluo para el erario nacional, exige resolver este problema limitando el número de vicepresidentes o disponiendo que el Presidente del Congreso sea el Vice Presidente de la República.

      Hay que poner fin al monopolio que tiene el Congreso para crear Derecho, suprimir la reelección de los congresistas, prohibirles que perciban remuneraciones superiores a la del Presidente de la República, reducir la duración de sus cargos a cuatro años, disponer la renovación del Congreso por tercios cada dos años, señalar las causas de revocación y vacancia del cargo, establecer que los parlamentarios sólo están protegidos en la emisión de opiniones que tengan jurídicamente que ver con el ejercicio estricto de las funciones parlamentarias (no pueden protegerse las injurias, difamaciones, calumnias, actos violentos, los delitos).


Se termina con el monopolio de crear Derecho que tiene el Poder Político, con las medidas siguientes:

  • Creación de un Poder Judicial de calidad, independiente, encargado de expulsar del ordenamiento jurídico a leyes inconstitucionales. Que la interpretación judicial de las leyes sea vinculante para las partes litigantes, para los propios magistrados y, en general, para gobernantes y gobernados. De este modo, el Poder Judicial crea Derecho mediante el precedente judicial obligatorio que garantiza una justicia predecible y se termina con la arbitrariedad del Congreso en la creación de Derecho y con la arbitrariedad judicial en el dictado de sentencias.
  • Despolitización del Tribunal Constitucional para que sea un verdadero fiscalizador y corrector del Congreso. Así, el Congreso es legislador positivo, porque pone la ley y el Tribunal Constitucional es legislador negativo porque la expulsa del ordenamiento jurídico cuando contraviene a la Constitución por la forma o por el fondo.  
  • Obligar al Parlamento a debatir los proyectos presentados por las instituciones de la sociedad civil que tienen iniciativa legislativa por disposición de la constitución.
  • Creando los mecanismos para que los partidos políticos ejerzan control sobre sus grupos parlamentarios y estos sobre sus miembros individuales, para que se cumpla con el programa con el que se accedió al poder.
  • La recuperación de la democracia directa a fin de que el titular de la soberanía, el pueblo, mediante referéndum apruebe o derogue leyes fundamentales.

      El Congreso de la República es un órgano más del Estado, muy importante por cierto, que tiene que coexistir con los otros órganos o instituciones (Ejecutivo, Judicial, Tribunal Constitucional, etc.), en una auténtica unión dinámica y conciliadora, pues todos tienen objetivos afines y complementarios, para que se realice el bien común.

 

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