Aníbal Torres V.

LOS DETRACTORES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

      Un sector mayoritario de la clase política gobernante, sus asesores, y ciertos centros de poder, se oponen a la convocatoria de una Asamblea Constituyente para que se encargue de redactar la nueva Constitución.

      Ellos saben que la Asamblea Constituyente puede acabar con sus privilegios, con el presidencialismo, con la reelección, con el voto obligatorio, con la impunidad amparada en la inmunidad de altos funcionarios públicos. Sienten pavor de que se pueda disponer la reducción de la duración del mandato de congresista, la renovación por tercios del Congreso, la revocación de funcionarios elegidos, la creación de un sistema único de remuneraciones y pensiones, la prohibición de usar el cargo político para la fijación de pensiones. Tiemblan ante la posibilidad de la creación de un sistema judicial autónomo que sirva de contrapeso al poder político. Se espantan ante la propuesta de creación de una Contraloría General independiente del Poder Político a fin que se combata realmente a la corrupción. Les da miedo que se establezca el juicio de residencia para evitar que al final de su mandato fuguen al extranjero para no ser juzgados por los delitos que cometen. Temen que se establezca que para ejercer altos cargos en el Estado se requiera la nacionalidad peruana exclusiva, para evitar que gobiernen privilegiando intereses foráneos con sacrificio de los nacionales.

      Saben que la Asamblea Constituyente puede acabar con la estafa política permanente al pueblo peruano, con la corrupción, la impunidad y mediocridad en el ejercicio de la función pública, con el saqueo constante de los fondos del Tesoro Público, con el uso de la función pública como su propiedad privada, con el eterno retorno de lo mismo: la permanente inestabilidad política, económica, social; la sustitución de unos corruptos por otros peores en el ejercicio del poder; el combate de un mal con otro mal, lo que determina que el Perú se encuentre cada vez peor que nunca.

      Para ellos la Asamblea Constituyente es antihistórica y claro que lo es porque terminaría con una negra historia de saqueo, atraso, subdesarrollo, corrupción, impunidad, que ha convertido al país más rico en recursos naturales de Sudamérica en el más pobre. Los peruanos no queremos vivir más de esa historia. Queremos que todos, sin discriminación alguna, comencemos a hacer historia mediante un nuevo pacto social, un proyecto de vida nacional, una Carta Magna que nos indique cuál es nuestro destino como nación, que nos permita un rápido desarrollo integral.

      Dicen que la Asamblea Constituyente crearía inestabilidad política. No se puede crear lo que existe. Ellos han engendrado la inestabilidad. Se debe terminar con ese engendro que por dos siglos viene asolando al país. La verdad es que los propietarios de los partidos políticos temen: perder la oportunidad de acceder a la Presidencia de la República y adueñarse del Perú por cinco largos años, o perder su reelección permanente como congresistas, o que se les acabe el privilegio de transitar constantemente entre el Congreso, un ministerio o una embajada.

      Afirman que la Asamblea Constituyente es antidemocrática. No se puede ser anti de algo que no existe. En el Perú jamás existió democracia. Lo que existió y existe es una seudo democracia, electorera, trapacera, con la cual hay que acabar para instaurar una auténtica democracia al servicio de la nación. Las seudo democracias nos cuestan demasiado y son peores que las dictaduras, porque solamente consumen, corrompen y empobrecen cada vez más al país.

      Los seudo demócratas solamente han lucrado con el ejercicio del Poder, sin preocuparse por las necesidades fundamentales de la población. No son ellas, las que han atendido por ejemplo: la salud, con la construcción y equipamiento de los pocos grandes hospitales existentes; la educación, con la construcción de grandes unidades escolares y remuneraciones decentes a los docentes; la infraestructura, con la construcción de grandes vías de comunicación como la carretera panamericana; la seguridad ciudadana con una policía en quien confiar y no formando parte de las bandas de asaltantes y secuestradores; la seguridad nacional con fuerzas armadas provistas de un poder disuasivo como para que nuestros vecinos no nos quiten nuestro mar o se atrevan a practicar para invadirnos.

      Cualquiera puede constatar de lo que son capaces las democracias electoreras: Ahí están los hospitales abandonados sin lo mínimo para atender a los enfermos; el abandono y mercantilización de la educación al extremo que muchos egresados de las universidades, de profesionales sólo tienen el nombre, se llaman médicos pero no pasan de ser curanderos, abogados pero que actúan como tinterillos, ingenieros pero que apenas alcanzan la calidad de albañiles y así vía. Ahí está la destrucción de la seguridad ciudadana y nacional; la falta de vías de comunicaciones y la ausencia de mantenimiento de las pocas existentes; la presencia de la corrupción por doquiera, la justicia convertida en injusticia.

      Algunos intelectuales sin intelecto, con ignorancia supina del Derecho Constitucional, vividores del presupuesto público, sostienen que la convocatoria a una Asamblea Constituyente es inconstitucional. La Asamblea Constituyente no puede ser inconstitucional, porque es el Poder Supremo, el poder de poderes, que no necesita de regulación constitucional. Emana directamente del pueblo, quien es el titular del poder soberano, por encima del cual no existe ningún otro poder. Ningún individuo, por más alto que sea el cargo que ostente, está investido de poderes absolutos como para impedir la convocatoria a una Asamblea Constituyente cuando esa es la voluntad soberana del pueblo. Es mejor que la clase política gobernante reaccione anteponiendo los intereses nacionales a los suyos, porque si sigue postergando la convocatoria de dicha Asamblea, ella de todos modos llegará, pero no por la vía pacífica como la estamos proponiendo.