INFORME DEL ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA

   El 19 de los corrientes se ha publicado en el diario El Peruano el informe del Acuerdo Nacional por la Justicia, el cual se caracteriza por sus generalidades y la falta de aportes concretos para un profundo cambio estructural del Poder Judicial.

   Se afirma lo que todos conocemos que "sólo la democracia y el Estado de Derecho garantizan la plena vigencia de los derechos fundamentales". Esta es una verdad evidente, pero también es una verdad de Perogrullo que durante toda nuestra vida republicana solamente hemos tenido dictaduras militares y dictaduras elegidas y el Poder judicial siempre se ha sometido y se somete a ellas y al poder económico que siempre permanece oculto de detrás de ellas, pero que Montesinos con sus vladivideos lo ha puesto al descubierto. Esa es la razón por la que somos el país que somos, un país en donde los derechos fundamentales son solamente de unos cuantos, las grandes mayorías están privadas de ellos. Por consiguiente, la crisis del Poder Judicial no puede ser tratada aisladamente fuera de la crisis del sistema judicial (Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura, facultades de Derecho) y la crisis del sistema judicial no puede ser considerada al margen de la crisis del Estado en la cual se inserta. Por tanto, no puede haber un   verdadero cambio estructural del Poder Judicial sin un cambio estructural profundo del Estado, lo que implica refundar la República mediante un pacto social a través de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, en tanto refundamos la República, se pueden hacer algunos cambios estructurales en el sistema judicial, pero ello implica necesariamente reformar parcialmente la Constitución Política. Ergo, cualquier informe serio sobre un cambio estructural en el Poder Judicial tiene que comenzar por señalar cuales son las reformas que deben hacerse en la Constitución en materia judicial.

   Se dice en el informe del Acuerdo Nacional por la Justicia que "la autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial son elementos primordiales del equilibrio de poderes". No hace falta ley alguna para que el Poder Judicial sea autónomo e independiente, porque la Constitución le confiere tales características. El Poder Judicial solamente será tal si es que sus jueces tienen la capacidad y llevan impregnado en sus conciencias los valores éticos y el deber de estar sometidos exclusivamente a la Constitución y la ley, en caso contrario continuaremos con el Poder Judicial y Ministerio Público que   tenemos, hasta que la nación tome la decisión de no aguantarlo más.

   Se reclama confianza en el Poder Judicial para que inicie un profundo proceso de reestructuración del mismo. Es imposible que la ciudadanía confie en que el Poder Judicial se reestructurará profundamente así mismo, porque ello implica la realización de acciones que afectarán ciertos privilegios de los magistrados para hacer prevalecer el interés general. Si los magistrados tuvieran la voluntad de hacer reformas profundas, ya las hubieran hecho. Ningún ciudadano con un mínimo sentido común, puede   imaginarse siquiera que es posible que nuestros magistrados supremos den un paso al costado para formar una Corte Suprema de calidad. Pretender que el Poder Judicial peruano inicie un profundo proceso de reestructuración del mismo es como querer convertir a la noche en día.

   Se sostiene que una justicia moderna, eficiente, confiable y transparente requiere de años de trabajo y movilización de ingentes recursos económicos, entre otros. El que se requiera o no de años para contar con una buena administración de justicia, depende de la decisión que tome el pueblo peruano sobre hasta cuando va ha soportar no solamente al Poder Judicial que tenemos, sino a esto que los usufructuarios del Estado llaman Estado de Derecho. La solución, como ha sucedido en otros países, puede llegar más temprano que tarde. De otro lado, la causa de la crisis del Poder Judicial no es prioritariamente económica. Los ciudadanos sabemos que la justicia en el Perú no mejorará un ápice aun cuando a cada magistrado se le provea de una oficina dorada, una computadora de última generación, y se le pague como remuneración la monumental suma de cien mil dólares mensuales. Claro que los   magistrados,   los abogados, las ONGs, que se alimentan de la crisis de   este Poder del Estado dirán, sin sonrojarse, que cuando afirmamos esto, estamos profundamente equivocados. Y que quede claro que no estamos afirmando que todos los magistrados son malos, los hay buenos pero son los menos.

   Se pide en el aludido informe que se fortalezca a la Presidencia de la Corte Suprema de la República. Como sabemos, en el Perú una sola persona es Presidente de la Corte Suprema, Presidente del Poder Judicial, Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. No obstante esta concentración de poder en una sola persona, se exige aún más poder para ella. Nos preguntamos si existirá alguna diferencia entre los que los que proponen tal cosa y los partidarios de un régimen fascista o nazista.

   En el citado informe se exige la aprobación de una nueva ley orgánica del Poder Judicial. Esto evidencia, una vez más, que no hay voluntad de realizar una verdadera reforma del Poder Judicial, porque ella pasa necesariamente por una reforma constitucional. Solamente después de una reforma profunda de la Constitución en materia judicial, podemos hablar de la aprobación de una nueva ley orgánica del Poder Judicial. Lamentablemente la clase política gobernante no está en aptitud de hacer esa reforma, por lo que la única solución a la crisis judicial, en particular, y del Estado, en general, por la vía pacífica, es una Asamblea Constituyente.

   El informe habla de promover la revisión del sistema de tasas judiciales. Con esto justifica la violación de la Constitución que en su art. 139.16 consagra "el principio de la gratuidad de la administración de justicia". Fue durante el régimen del gobierno de Fujimori que se establecieron esas tasas, impidiendo el acceso a la justicia de la mayoría de peruanos que no pueden pagarlas, tasas que han sido incrementadas últimamente por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin que en el Parlamento, la Comisión Permanente haya acusado ante el Congreso a los vocales de la Corte Suprema, que han impuesto e incrementado tales tasas, por infracción a la Constitución como lo dispone el art. 99 de la Carta Magna. Esto evidencia que la corrupción del régimen pasado continúa sin alteración en la actualidad dentro del Poder Judicial.

   Propone el fortalecimiento de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y de las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (ODECMAS), dotándolas de "magistrados a tiempo completo". Desde hacen miles de años antes de Cristo se sabe que magistrado no investiga y sanciona a magistrado. Esta propuesta del Acuerdo Nacional por la Justicia trasunta realmente "la cultura generalizada de la viveza", para usar las misma expresión que ella utiliza en su informe.

      Se sostiene que "Existe uso y abuso del poder público para beneficio privado o para obtener ingresos ilegales". Esta es otra verdad evidente, sino como se explica que algunos abogados y ciertas ONGs se encuentren siempre reciclándose cada régimen de gobierno para conformar sendas comisiones de reorganización del Poder Judicial con el fin de mantener sus influencias en este Poder del Estado e incluso contar con sus propios magistrados, quienes les rinden pleitesía.